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Abstract
This article analyzes how the implementation of articial intelligence (AI) can improve the provision of municipal services in
the cantons of Costa Rica, contributing to greater efciency, effectiveness, and quality in public service delivery. The use of AI
tools is examined as a mechanism to support smart local governance, particularly in areas such as waste management, traceability,
circular economy initiatives, and video surveillance systems with analytical capabilities for crime and accident prevention. The
study emphasizes that the incorporation of articial intelligence does not undermine the principle of legality, but rather strengthens
constitutional principles related to efciency, effectiveness, and good administration, provided that its use is aligned with the legal
framework governing public action. In this context, AI is presented as a means to optimize administrative procedures, enhance
transparency, and support informed decision-making by municipal authorities in the management of local interests.
Keywords: Articial intelligence, Public service, Principle of legality, Efciency, Municipal law.
Resumen
El presente artículo analiza cómo la implementación de la inteligencia articial (IA) puede contribuir a mejorar la prestación de
los servicios municipales en los cantones de Costa Rica, fortaleciendo la eciencia, la ecacia y la calidad del servicio público. Se
examina el uso de herramientas de IA como apoyo a la gobernanza local inteligente, especialmente en ámbitos como la gestión de
residuos, la trazabilidad, la economía circular y los sistemas de videovigilancia con capacidades analíticas para la prevención de
delitos y accidentes. El estudio sostiene que la incorporación de la inteligencia articial no vulnera el principio de legalidad, sino
que puede reforzar los principios constitucionales de eciencia, ecacia y buena administración, siempre que su aplicación se ajuste
al marco jurídico vigente. En este sentido, la IA se presenta como un instrumento para optimizar procedimientos administrativos,
mejorar la transparencia y apoyar la toma de decisiones en la gestión de los intereses locales.
Palabras clave: Inteligencia articial, Servicio público, Principio de legalidad, Eciencia, Derecho municipal.
1. Introducción
La toma de decisiones y la formulación de políticas públicas en los gobiernos municipales pueden verse fortalecidas mediante
la implementación de las herramientas que ofrece la inteligencia articial (IA). Estas permiten maximizar la eciencia en el
cumplimiento de las competencias objetivas establecidas en el Código Municipal, así como automatizar determinados servicios
públicos municipales que se brindan en los cantones de Costa Rica, en benecio directo de los munícipes. Lo anterior posibilita que
los gobiernos locales optimicen el uso del recurso público disponible para la ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad
de vida de la población, siempre bajo el estricto respeto de las disposiciones legales que rigen cada actuación del Gobierno Municipal
y de los funcionarios que lo integran, conforme al principio de legalidad administrativa.
En este contexto, la transformación digital de la Administración Pública constituye un eje estratégico para mejorar la eciencia, la
transparencia y la calidad de los servicios dirigidos a la ciudadanía, fortaleciendo la rendición de cuentas y contribuyendo a la prevención
de prácticas que puedan afectar negativamente la conanza pública. Desde esta perspectiva, la incorporación de herramientas basadas
en inteligencia articial en los servicios municipales se congura como un mecanismo de apoyo técnico-administrativo que favorece la
La implementación de la inteligencia articial (IA) para
la efectividad de la prestación de los servicios en
materia de derecho municipal
Eida Barrantes-Román
ebarrantes50578@ude.ac.cr
Carrera de Derecho, Universidad Fidélitas, Costa Rica
Revista Fidélitas, Vol. 7 (1). Enero-Junio 2026, pp. 49-58
http://revistas.udelitas.ac.cr/index.php/revista_delitas
Recibido: 17 noviembre 2025. Aprobado: 18 diciembre 2025
ISSN: 2215-6070
10.46450/ydn5d769
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agilización de trámites, la mejora en la toma de decisiones y una mayor satisfacción de los contribuyentes, sin desplazar la responsabilidad
ni la competencia decisoria de la autoridad administrativa.
En Costa Rica, el Poder Ejecutivo ha impulsado políticas públicas orientadas a este proceso de modernización mediante el
establecimiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Articial 2024-2027, elaborada por el Ministerio de Ciencia, Innovación,
Tecnología y Telecomunicaciones (Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones [MICITT], 2024).
Dicho instrumento promueve la adopción y el desarrollo ético, seguro y responsable de la inteligencia articial, incorporando
principios, marcos legales y estándares nacionales e internacionales, entre ellos las recomendaciones de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Esta estrategia resulta aplicable tanto al sector público como al privado, incluyendo a las municipalidades,
como un marco orientador para la implementación de soluciones tecnológicas que fortalezcan la gobernanza local y favorezcan
la consolidación de cantones inteligentes desde una perspectiva jurídica, administrativa y tecnológica.
En virtud de lo anterior, la incorporación de la inteligencia articial en los servicios municipales puede constituirse en una
herramienta para mejorar la eciencia y la calidad de los servicios que brinda cada municipalidad, derivando en benecios
como la agilización de los trámites administrativos y una mayor satisfacción de los contribuyentes, sin que ello implique una
vulneración al bloque de legalidad que rige la actuación de la Administración Pública.
Pregunta de investigación
¿La implementación de las herramientas que ofrece la inteligencia articial puede mejorar la eciencia y la ecacia en la prestación
de los servicios municipales de Costa Rica, sin violentar el principio de legalidad?
2. Desarrollo
La justicación del presente artículo se centra en el análisis de los servicios públicos que brindan las municipalidades, en tanto
constituyen el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y el espacio institucional donde se materializan de forma inmediata
muchas de las demandas sociales. En este ámbito, la inteligencia articial se presenta como una herramienta con potencial para
optimizar la gestión municipal, mediante mejoras tangibles en la eciencia administrativa, la continuidad del servicio y la calidad
de las respuestas institucionales, lo cual puede incidir directamente en la calidad de vida de la población a nivel local.
Asimismo, la incorporación responsable de herramientas de inteligencia articial puede contribuir a fortalecer la conanza
de la ciudadanía en los gobiernos locales, al propiciar una gestión más transparente, previsible y orientada a resultados, así
como un uso más racional y eciente de los recursos públicos. Estas mejoras adquieren especial relevancia en contextos donde
las municipalidades enfrentan limitaciones presupuestarias y una creciente demanda de servicios, lo que exige la adopción de
soluciones tecnológicas que permitan maximizar la capacidad operativa sin comprometer el cumplimiento del marco jurídico
vigente.
Desde esta perspectiva, el artículo adquiere relevancia en un contexto de transformación digital global y regional, en el que
los cantones de Costa Rica enfrentan el desafío de modernizar sus estructuras administrativas sin menoscabo del principio de
legalidad ni de las garantías propias del Estado de Derecho. En consecuencia, el estudio propuesto busca aportar tanto al debate
académico como a la práctica institucional, mediante un análisis sistemático de los benecios, riesgos y límites jurídicos asociados
a la implementación de la inteligencia articial en la prestación de los servicios municipales, enfatizando su compatibilidad con
los principios de eciencia, ecacia y legalidad administrativa.
2.1. Origen histórico
El servicio público tiene su origen en el Derecho administrativo francés a nales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En su
concepción inicial, se entendió como una actividad considerada esencial para la sociedad, razón por la cual su titularidad y
gestión quedaron reservadas a los poderes públicos, aunque dicha gestión podía ser delegada a particulares mediante la gura
de la concesión administrativa. Esta concepción clásica se consolidó como uno de los pilares del Derecho público continental
europeo (Ariño, 1993).
Desde mediados del siglo XX, y con mayor intensidad a partir de la década de 1990, esta noción tradicional ha experimentado
transformaciones signicativas tanto en Francia como en otros países europeos con sistemas jurídicos anes. Los procesos de
liberalización económica, la redenición del rol del Estado como actor dentro del mercado y la adopción de políticas públicas
condicionadas por criterios de sostenibilidad nanciera han modicado progresivamente el alcance de la gestión pública (Ariño,
1993; Jinesta, 2009).
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En el ámbito de la Unión Europea, esta evolución conceptual ha implicado que el servicio público clásico sea comprendido dentro de
una categoría más amplia denominada “servicio de interés general”, caracterizada por una mayor apertura a la participación del sector
privado, sin que ello suponga la desaparición del interés público como eje rector de la actividad administrativa (Ariño, 1993).
La existencia de un ordenamiento jurídico especial para la función administrativa encuentra, en los países que han acogido estas
enseñanzas —como Costa Rica—, su fundamento histórico en el Derecho francés. La noción de servicio público se consolidó
como una categoría central para explicar de manera integral la actividad estatal, generando derivaciones fundamentales en los
distintos ámbitos del quehacer jurídico (Ariño, 1993).
Ariño (1993) dene el servicio público como:
…aquella actividad propia del Estado o de otra Administración Pública, de prestación positiva, con la cual, mediante
un procedimiento de Derecho Público, se asegura la ejecución regular y continua, por organización pública o por
delegación, de un servicio técnico indispensable para la vida social (p. 288)
Asimismo, el autor señala que el servicio público implica “asumir con carácter exclusivo, apartando a los demás,
una determinada actividad que, por exigencias de interés general, se sustrae de su realización por el sector privado”
(Ariño, 1993, p. 288).
2.2. Acto de publicatio
El acto mediante el cual una actividad o sector es declarado como “público”, es decir, como servicio público, es lo que Villar
denomina publicatio. Este acto supone su incorporación formal al quehacer estatal y la exclusión de los particulares de su ejercicio,
salvo en los casos en que exista una concesión administrativa debidamente otorgada. Dicha concesión posee un carácter traslativo,
en tanto implica la transferencia de facultades de actuación que originalmente no correspondían a los particulares (Ariño, 1993).
En este sentido, Ariño (1993) señala expresamente que “una vez producida la publicatio, la titularidad del servicio corresponde
primariamente a la Administración, y solo puede realizarse mediante ley formal” (p. 288).
En consecuencia, una vez declarado un sector o actividad como servicio público, los particulares no pueden ejercerlo libremente, sino
que deben contar con un acto habilitante, en tanto la titularidad corresponde a la Administración Pública (Procuraduría General de la
República, 2002, Dictamen N.º 002-2002).
En Costa Rica, los servicios públicos se denen legalmente como aquellos que satisfacen necesidades esenciales de la población e
inciden directamente en su calidad de vida. El artículo 3 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos establece
que serán considerados servicios públicos aquellos que, por su importancia para el desarrollo sostenible del país, sean así calicados
por la Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1996, Ley N.º 7593, art. 3).
Por su parte, el artículo 5 de la misma ley enumera, entre otros, los servicios de agua potable, electricidad, transporte público,
combustibles e hidrantes (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1996, Ley N.º 7593, art. 5).
2.3. Principios constitucionales que rigen el servicio público
De conformidad con el estudio Experiencias en los procesos de digitalización en las municipalidades costarricenses, la Carta
Iberoamericana de Gobierno Electrónico establece que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración Pública tiene como nalidad “mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la ecacia
y la eciencia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana”
(Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo [CLAD], 2015, p. 57).
A partir de ello, el Gobierno Electrónico se rige por siete principios esenciales: igualdad, legalidad, conservación, transparencia
y accesibilidad, proporcionalidad, responsabilidad y adecuación tecnológica. La Carta señala expresamente que “estos principios
constituyen el marco rector para la incorporación de tecnologías digitales en la gestión pública” (CLAD, 2015, pp. 57-58).
Al encontrarse consagrados en instrumentos normativos de carácter formal, estos principios transforman la eciencia de un concepto
meramente gerencial en un estándar jurídico obligatorio, de modo que una actuación administrativa maniestamente ineciente
puede constituir una infracción al ordenamiento jurídico, susceptible de control y corrección.
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2.4. Fundamento constitucional y normativo del gobierno digital en el derecho municipal
El fundamento constitucional del servicio municipal se encuentra en el artículo 169 de la Constitución Política, el cual atribuye a
los gobiernos locales la administración de los intereses y servicios cantonales (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica,
1949).
Esta competencia se desarrolla normativamente en el Código Municipal, particularmente en su artículo 4 inciso c), que impone a las
municipalidades la obligación de administrar y prestar los servicios públicos municipales (Asamblea Legislativa de la República de
Costa Rica, 1998, Ley N.º 7794, art. 4).
Asimismo, el artículo 83 del Código Municipal detalla los servicios que deben ser prestados por las municipalidades, incluyendo, entre
otros, alumbrado público, recolección de residuos, mantenimiento de parques y aceras, y policía municipal (Asamblea Legislativa de
la República de Costa Rica, 1998, Ley N.º 7794, art. 83).
De igual forma, instrumentos como la Directriz N.º 019-MP-MICITT sobre el desarrollo del Gobierno Digital del Bicentenario
(Presidencia de la República de Costa Rica, 2018), la Ley de transferencia de competencias a las municipalidades en materia de
gestión de la red vial cantonal (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2015, Ley N.º 9329) y las Normas Técnicas
para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República (2007) establecen un marco
jurídico obligatorio para la implementación del gobierno digital en las municipalidades.
2.5. El servicio público en el derecho municipal
Las municipalidades gozan de autonomía política, administrativa y nanciera, conforme a lo dispuesto en los artículos 168 y 169 de
la Constitución Política (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1949). No obstante, dicha autonomía no es absoluta,
sino que se ejerce dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.
En particular, el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional garantiza que las actuaciones municipales se
ajusten estrictamente al marco normativo vigente. La Sala Constitucional ha reiterado que la autonomía municipal debe ejercerse
en armonía con dicho principio, tal como lo ha establecido en los votos N.º 5445-1999, N.º 5204-2004 y N.º 8928-2004 (Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1999, 2004).
2.6. La implementación de la IA en los servicios municipales
La inteligencia articial ha comenzado a incidir progresivamente en la forma en que los gobiernos locales gestionan y prestan sus
servicios, especialmente en aquellos contextos donde previamente se han consolidado procesos de digitalización administrativa,
interoperabilidad de sistemas y uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación (Amador et al., 2019; Castro, 2019).
En Costa Rica, si bien muchas de las experiencias municipales se encuentran aún en una fase de gobierno digital y automatización
de trámites, estas constituyen una base habilitante para la incorporación gradual de herramientas basadas en inteligencia articial
orientadas a la mejora de la eciencia y ecacia en la gestión pública local (Castro, 2019).
La implementación de soluciones tecnológicas con componentes de automatización avanzada ha permitido a algunos municipios
optimizar tiempos de respuesta, reducir cargas operativas internas y mejorar la atención a la ciudadanía, sin que ello implique la
sustitución de la función decisoria de la autoridad administrativa. No obstante, la adopción de herramientas de inteligencia articial
plantea desafíos relevantes, entre ellos la integración con sistemas preexistentes, la protección de datos personales, la transparencia
algorítmica y el respeto irrestricto del principio de legalidad administrativa, conforme a los lineamientos establecidos en la Estrategia
Nacional de Inteligencia Articial 2024–2027 (Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones [MICITT],
2024).
a. Automatización de trámites
En Costa Rica, diversos gobiernos locales han iniciado procesos de automatización y digitalización de trámites administrativos
mediante plataformas tecnológicas que, en algunos casos, incorporan elementos propios de la inteligencia articial, tales como
procesos automatizados de vericación de información, análisis de datos, interoperabilidad entre bases institucionales y atención
virtual permanente. Resulta fundamental distinguir, desde una perspectiva jurídica y técnica, entre la simple informatización de
procedimientos y aquellas soluciones que efectivamente integran componentes de IA orientados a la optimización del servicio público.
El informe Experiencias en los procesos de digitalización en las municipalidades costarricenses: Mapeo de iniciativas de la
e-municipalidad en Costa Rica, elaborado por el Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de
Costa Rica (PROSIC-UCR), constituye un referente académico fundamental para comprender el estado actual de estas iniciativas,
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así como el rol que han desempeñado las universidades públicas en la investigación, sistematización y acompañamiento técnico de
los procesos de transformación digital municipal (Castro, 2019).
Dicho estudio identica experiencias relevantes desarrolladas por gobiernos locales, con el apoyo directo o indirecto de instancias
universitarias, particularmente en materia de análisis de datos, diseño de plataformas digitales, evaluación de impacto y generación
de capacidades institucionales. Entre los municipios analizados se encuentran La Unión, Cartago, Curridabat, San José, Belén,
Montes de Oca, Palmares, Heredia y Tibás, cuyos avances se sintetizan a continuación:
a.1. Municipalidad de La Unión.
Un ejemplo destacado a nivel nacional es el sistema “R.O.D.U.”, implementado por la Dirección de Desarrollo y Control Urbano de
la Municipalidad de La Unión, mediante el cual se automatiza la revisión de solicitudes de certicado de uso de suelo. De acuerdo
con Castro (2019) “el sistema contrasta de forma automática la información aportada por la persona solicitante con datos del Registro
Nacional, bases municipales y el plan regulador, generando un documento con validez administrativa” (p. 29).
El principal benecio de esta herramienta radica en la reducción signicativa de los tiempos de respuesta, la disponibilidad permanente
del servicio y la optimización de los recursos institucionales, lo cual representa un avance relevante en la modernización de la gestión
municipal (Castro, 2019).
Asimismo, el proyecto “La Unión Digital” incorpora una ocina virtual que centraliza trámites en línea, un gestor documental y
mecanismos de control de servicios municipales, evidenciando un avance sustantivo hacia modelos de gestión administrativa basados
en datos y automatización. Dicho proyecto ha sido desarrollado con acompañamiento técnico y académico, en concordancia con las
estrategias nacionales de transformación digital impulsadas en el ámbito local (Castro, 2019; Delgado, 2025).
a.2. Municipalidad de Cartago.
La Municipalidad de Cartago elaboró la “Agenda Digital Municipal” como instrumento de planicación estratégica para la conversión
del cantón en una ciudad inteligente, priorizando áreas como infraestructura tecnológica, gobierno digital, participación ciudadana
y sostenibilidad ambiental. Este proceso ha contado con insumos técnicos provenientes de estudios universitarios y ha permitido
modernizar plataformas de pago, portales digitales y procesos de alfabetización tecnológica (Castro, 2019).
a.3. Municipalidad de Curridabat
En el caso de la Municipalidad de Curridabat, la aplicación móvil “Yo Alcalde” constituye una herramienta digital orientada a
canalizar solicitudes ciudadanas, clasicar incidencias y georreferenciar problemas comunales, facilitando una gestión municipal
más eciente y basada en datos. Según Castro (2019) “la aplicación permite sistematizar la información proveniente de la ciudadanía
y priorizar la atención de incidencias comunales mediante criterios territoriales y administrativos” (p. 29).
Este tipo de soluciones evidencia cómo la incorporación de tecnologías digitales —y eventualmente de herramientas basadas en
inteligencia articial— puede fortalecer la interacción entre el gobierno local y la ciudadanía, sin desplazar la responsabilidad
decisoria ni la titularidad administrativa que corresponde a la municipalidad (Castro, 2019).
a.4. Municipalidad de San José
Desde 2013, la Municipalidad de San José ha impulsado una estrategia integral de gobierno electrónico y ciudad digital, orientada a
la interoperabilidad de plataformas, modernización de infraestructura tecnológica y habilitación de servicios municipales digitales,
con apoyo de estudios técnicos y académicos desarrollados en conjunto con instituciones universitarias (Castro, 2019).
a.5. Municipalidad de Belén, Montes de Oca, Palmares y Heredia
Estos municipios han desarrollado portales transaccionales, aplicaciones móviles, sistemas de datos abiertos y plataformas de pago
en línea, fortaleciendo los principios de transparencia, rendición de cuentas y eciencia administrativa. Tales experiencias reejan
la importancia del vínculo entre gobiernos locales y universidades en la generación de conocimiento aplicado para la modernización
institucional (Castro, 2019).
Las experiencias descritas, documentadas por el PROSIC-UCR, evidencian que la implementación de tecnologías avanzadas
incluida la inteligencia articial en sentido progresivo— no constituye una solución aislada, sino un proceso gradual que requiere
bases normativas sólidas, capacidades institucionales y acompañamiento académico. En este contexto, las universidades públicas
desempeñan un rol estratégico como generadoras de conocimiento, evaluadoras de impacto y facilitadoras de innovación responsable.
En consecuencia, la adopción de herramientas de IA en el ámbito municipal puede contribuir de manera signicativa a maximizar
la eciencia, ecacia, continuidad y calidad de los servicios públicos locales, siempre que su implementación se realice en estricto
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apego al principio de legalidad, la protección de datos personales y los derechos fundamentales de la ciudadanía. De esta forma, la
inteligencia articial se congura como un instrumento complementario para fortalecer la conanza ciudadana y consolidar gobiernos
locales más modernos, transparentes y orientados al interés público.
b. Hallazgos principales
Los hallazgos que se exponen a continuación derivan del análisis comparado de experiencias nacionales e internacionales en la
implementación de herramientas de inteligencia articial en la gestión pública local, así como de la revisión crítica de literatura
especializada en administración pública digital, gobierno electrónico y derecho administrativo. Estos resultados permiten identicar
tendencias comunes, benecios operativos y riesgos jurídicos asociados al uso de la IA en los servicios municipales, desde una
perspectiva técnico-administrativa y normativa.
b.1. Mejora de la eciencia operativa.
Uno de los principales hallazgos identicados es que la incorporación de herramientas basadas en inteligencia articial contribuye de
manera signicativa a la mejora de la eciencia operativa en los gobiernos locales. La automatización de tareas repetitivas y de bajo
valor agregado —como la atención de consultas frecuentes sobre horarios, requisitos de trámites o servicios disponibles— permite
reducir cargas administrativas internas y optimizar el uso del recurso humano municipal. Experiencias como la implementación de
chatbots para atención ciudadana permanente evidencian una disminución en los tiempos de respuesta y una mayor continuidad
del servicio, sin que ello implique la sustitución de la función decisoria de la autoridad administrativa, la cual permanece incólume
conforme al principio de legalidad.
b.2. Servicios personalizados al ciudadano.
Otro hallazgo relevante es la posibilidad de avanzar hacia modelos de prestación de servicios públicos más personalizados y orientados
a las necesidades especícas de la población. A partir del análisis de datos y patrones de comportamiento, las herramientas de IA
permiten adaptar programas, servicios y respuestas institucionales según características territoriales, demográcas o socioeconómicas.
En el ámbito municipal, ello se traduce en una mayor capacidad para diseñar intervenciones focalizadas, mejorar la asignación de
recursos y fortalecer la ecacia de programas sociales, siempre que dichas prácticas se desarrollen bajo criterios de proporcionalidad,
transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
b.3. Reducción de costos a mediano y largo plazo.
El análisis realizado permite identicar que, si bien la implementación de soluciones basadas en inteligencia articial puede implicar
una inversión inicial signicativa, sus efectos a mediano y largo plazo tienden a reejarse en una reducción de costos operativos. La
disminución de trámites presenciales, la optimización de procesos administrativos, la reducción de horas extra y la prevención de
errores que derivan en litigios o reprocesos administrativos constituyen benecios económicos relevantes para los gobiernos locales.
No obstante, estos resultados dependen de una adecuada planicación, de la sostenibilidad nanciera del proyecto y de su integración
con los sistemas institucionales existentes.
b.4. Implicaciones de la implementación de la inteligencia articial en los servicios municipales.
Las implicaciones derivadas de la implementación de la inteligencia articial en los servicios municipales deben analizarse de forma
integral, considerando no solo los benecios operativos, sino también los impactos éticos, sociales, laborales y normativos que
pueden surgir como consecuencia de su adopción. Desde una perspectiva jurídica, la IA plantea desafíos que exigen una regulación
clara y políticas públicas coherentes con los principios que rigen la función administrativa.
b.5. Ética y privacidad de los datos.
Uno de los principales desafíos identicados es el riesgo asociado al uso indebido, la ltración o el tratamiento inadecuado de datos
personales. La implementación de sistemas de IA en el ámbito municipal requiere necesariamente el fortalecimiento de marcos
de gobernanza de datos, el cumplimiento estricto de la normativa de protección de datos personales y la adopción de criterios de
transparencia algorítmica. La legitimidad del uso de estas tecnologías depende, en gran medida, de la conanza ciudadana en que los
datos serán utilizados de forma lícita, proporcional y segura.
b.6. Desigualdad en el acceso y brecha digital.
El análisis evidencia que no todos los municipios cuentan con las mismas capacidades tecnológicas, nancieras o humanas para
implementar soluciones basadas en inteligencia articial. Esta situación puede profundizar las brechas existentes entre cantones
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con mayor desarrollo institucional y aquellos con recursos limitados, afectando el principio de igualdad en el acceso a servicios
públicos de calidad. En este contexto, resulta indispensable que las políticas públicas nacionales contemplen mecanismos de apoyo,
cooperación intermunicipal y acompañamiento técnico para evitar la reproducción de desigualdades territoriales.
b.7. Impacto en el empleo público.
La automatización de determinados procesos administrativos puede generar preocupaciones legítimas en relación con el impacto de
la IA en el empleo público municipal. Si bien algunas funciones podrían verse transformadas o sustituidas, el análisis permite concluir
que la IA también abre oportunidades para el rediseño de puestos, la especialización técnica y el fortalecimiento de capacidades
profesionales. En este sentido, la implementación responsable de estas tecnologías debe ir acompañada de programas de capacitación,
reconversión laboral y gestión del cambio organizacional.
b.8. Dependencia tecnológica y autonomía municipal.
Otro aspecto crítico identicado es el riesgo de dependencia excesiva de proveedores tecnológicos externos, lo cual podría
comprometer la autonomía de gestión de los gobiernos locales. La adopción de soluciones cerradas o poco transparentes puede
limitar la capacidad institucional para adaptar, auditar o modicar los sistemas implementados. Por ello, resulta estratégicamente
relevante promover el desarrollo de capacidades internas, el uso de estándares abiertos y la colaboración con universidades y centros
de investigación.
b.9. Necesidad de marcos regulatorios especícos.
Finalmente, se identica una carencia de normativas especícas que regulen de manera integral el uso de la inteligencia articial
en el ámbito de los gobiernos locales. Esta ausencia normativa genera incertidumbre jurídica y limita la adopción segura de estas
tecnologías. De ahí la urgencia de desarrollar políticas públicas y lineamientos regulatorios que orienten su uso ético, inclusivo y
conforme al principio de legalidad administrativa.
c. Limitaciones de la implementación de la inteligencia articial en los servicios municipales
Las limitaciones identicadas en la implementación de la inteligencia articial en los servicios municipales ponen de maniesto
la necesidad de abordar este proceso de manera gradual, planicada y contextualizada, reconociendo las asimetrías institucionales
existentes entre los distintos gobiernos locales.
c.1. Falta de datos de calidad y acceso a la información.
Una de las principales limitaciones es la ausencia de bases de datos actualizadas, completas y debidamente digitalizadas en muchos
municipios. La ecacia de los sistemas de IA depende directamente de la calidad de la información disponible, por lo que resulta
imprescindible fortalecer los procesos de gestión documental y gobierno de datos a nivel local.
c.2. Resistencia al cambio y brecha de habilidades.
El análisis también evidencia la existencia de resistencia organizacional al cambio tecnológico, así como una brecha signicativa
en las habilidades técnicas del personal municipal. La falta de formación en áreas como análisis de datos, ética de la inteligencia
articial y gestión de sistemas automatizados limita la adopción efectiva de estas herramientas.
c.3. Costos de implementación y sostenibilidad nanciera.
Si bien la IA puede generar ahorros a largo plazo, los costos iniciales de implementación y mantenimiento representan una barrera
signicativa para municipios con restricciones presupuestarias. Esta situación exige estrategias de nanciamiento diferenciadas,
cooperación interinstitucional y priorización de proyectos con alto impacto social.
c.4. Capacitación y alfabetización digital.
Finalmente, se identica la necesidad de fortalecer procesos de capacitación y alfabetización digital tanto para el personal municipal
como para la ciudadanía. La apropiación social de las herramientas basadas en inteligencia articial resulta fundamental para
garantizar su uso efectivo, legítimo y alineado con los principios democráticos de la gestión pública.
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3. Conclusiones
La implementación de herramientas de inteligencia articial en los servicios municipales de Costa Rica evidencia un alto potencial
para mejorar la eciencia y ecacia en la gestión pública local, particularmente en ámbitos como la automatización de trámites,
la optimización del uso de recursos públicos y la mejora en la atención a la ciudadanía. No obstante, su incorporación no puede
analizarse exclusivamente desde una perspectiva tecnológica o ética, sino que debe examinarse, de manera prioritaria, desde su
compatibilidad con el principio de legalidad administrativa que rige la actuación de los gobiernos locales.
Del análisis desarrollado se concluye que la inteligencia articial, cuando es utilizada como una herramienta de apoyo técnico-
administrativo y no como un sustituto de la potestad decisoria que corresponde a la autoridad municipal, resulta jurídicamente
compatible con el principio de legalidad. Ello se debe a que su aplicación se encuentra subordinada a la normativa vigente, a
las competencias legalmente asignadas a las municipalidades y a los mecanismos de control propios del ordenamiento jurídico
costarricense. En este marco, la IA puede contribuir de manera efectiva a la materialización de los principios constitucionales de
eciencia y ecacia en la prestación de los servicios públicos municipales, sin desnaturalizar el régimen jurídico que los regula.
Asimismo, se concluye que la adopción responsable de estas tecnologías exige la existencia de marcos normativos claros, políticas
institucionales denidas y capacidades técnicas sucientes a nivel local. La innovación tecnológica, para ser legítima y sostenible,
debe fortalecer —y no debilitar— la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la conanza ciudadana en la Administración
Pública municipal.
3.1. Modernización en la gestión y prestación de los servicios municipales
La incorporación de herramientas de inteligencia articial representa una oportunidad concreta para potenciar el cumplimiento
efectivo de los principios constitucionales de eciencia, transparencia y calidad en los servicios ofrecidos a los munícipes. Su
adecuada implementación puede traducirse en procesos administrativos más ágiles, mayor continuidad del servicio y una mejor
capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas.
3.2. Planeamiento estratégico para el desarrollo cantonal
La inteligencia articial puede constituirse en una herramienta clave para el fortalecimiento del planeamiento estratégico municipal,
al permitir una gestión más informada, basada en datos y orientada a resultados. Su uso adecuado puede contribuir al diseño de
políticas públicas locales más sostenibles, coherentes con las necesidades territoriales y alineadas con los objetivos de desarrollo
cantonal.
3.3. Retos tecnológicos y limitaciones institucionales
No obstante, el análisis evidencia que persisten importantes retos para los gobiernos locales, particularmente en aquellos municipios
con limitaciones presupuestarias y de infraestructura tecnológica. La escasez de talento especializado, la resistencia organizacional al
cambio y las restricciones nancieras constituyen obstáculos que deben ser abordados mediante estrategias diferenciadas, cooperación
interinstitucional y acompañamiento técnico.
3.4. Importancia de un enfoque ético y regulado
Finalmente, se concluye que la implementación de la inteligencia articial en el ámbito municipal debe desarrollarse bajo un enfoque
ético y jurídicamente regulado. Resulta indispensable establecer marcos normativos y lineamientos claros que garanticen la protección
de los datos personales, la transparencia en el uso de algoritmos y el respeto irrestricto al principio de legalidad en la prestación de
los servicios públicos municipales.
3.5. Recomendaciones
a. Fijar, por medio del Concejo Municipal, políticas públicas especícas para la aplicación de la IA en los servicios municipales
Se recomienda que los Concejos Municipales denan, mediante acuerdos formales, políticas públicas especícas orientadas a la
incorporación de herramientas de inteligencia articial en la prestación de los servicios municipales. Lo anterior debe realizarse en
coordinación interinstitucional y, cuando resulte pertinente, mediante convenios suscritos con el Ministerio de Ciencia, Innovación,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), con el n de facilitar la integración de soluciones tecnológicas que permitan maximizar
la eciencia y ecacia de los servicios públicos locales, sin vulnerar los principios constitucionales que rigen el servicio público.
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b. Capacitación digital a los servidores municipales
Para la adecuada implementación de herramientas de inteligencia articial en los gobiernos locales, resulta indispensable que los
Departamentos de Recursos Humanos promuevan procesos sistemáticos de capacitación y actualización del personal municipal. Esta
formación debe orientarse a garantizar un uso correcto, responsable y efectivo de la IA, fortaleciendo las competencias técnicas y
administrativas necesarias para su aplicación conforme al marco jurídico vigente.
c. Fomentar alianzas público-privadas y con universidades
Se recomienda incentivar la celebración de alianzas estratégicas con el sector privado y con instituciones de educación superior,
en particular universidades públicas y privadas. Este tipo de colaboración puede acelerar el desarrollo de soluciones tecnológicas
adaptadas a las realidades locales, así como asegurar asesoría técnica especializada, transferencia de conocimiento y acompañamiento
en las etapas de diseño, implementación y evaluación de proyectos basados en inteligencia articial.
d. Introducción de proyectos piloto en trámites rutinarios
Se sugiere implementar proyectos piloto de inteligencia articial en áreas clave de la gestión municipal, tales como la atención
ciudadana, el pago de tributos municipales, la tramitación de permisos de construcción y el otorgamiento de licencias comerciales.
Estos proyectos permitirían evaluar de manera objetiva su impacto, eciencia y viabilidad jurídica antes de una implementación
denitiva y a mayor escala.
e. Garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a los servicios basados en IA
Finalmente, se recomienda que los gobiernos locales adopten medidas especícas para garantizar que las soluciones basadas en
inteligencia articial no excluyan a poblaciones vulnerables ni profundicen la brecha digital existente. La implementación de estas
tecnologías debe contemplar criterios de accesibilidad, equidad y acompañamiento ciudadano, de modo que la innovación tecnológica
contribuya efectivamente al interés general y al bienestar de la población.
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